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Abramos el debate en materia de drogas

Nuevamente se abre la agenda para debatir sobre la política de drogas en nuestro país y sus implicancias en la sociedad. En el centro de la discusión, se sitúa una problemática que hemos postergado y que nunca se ha planteado como una discusión abierta y con fundamentos jurídicos y científicos. La actual política de drogas ha dado muestras de cierta fatiga y es momento de iniciar una nueva etapa, lejana del discurso fácil y popular que se centra únicamente en la mano dura y la represión, hacia un enfoque basado en la ciencia, la salud y los derechos humanos.

El enfoque actual, dominado por el modelo basado en la represión que no distingue entre criminales y consumidores, transformó a gran parte de nuestro continente —y muchos sectores excluidos y estigmatizados de nuestro país— en lugares donde prima la violencia armada y la corrupción por parte del crimen organizado. Este es sin duda el fracaso más grande que una corriente de políticas públicas ha tenido en nuestra historia. De acuerdo a la ONU, América Latina y el Caribe tiene 9 de los 10 países más violentos a nivel mundial, más de 50 mil personas han perdido la vida durante los últimos 5 años en México producto de esta guerra y en países como Ecuador y Argentina hasta el 80% de la población penal femenina en ciertos recintos está ahí por infringir leyes de drogas causando hacinamiento extremo. Sin embargo, el consumo no muestra contracción y los carteles de droga siguen creciendo y apoderándose del territorio.

 

Nuestro país también ha tomado esa dirección. El doble estándar en las estrategias implementadas se contradice. Por un lado, se intenta educar, prevenir y rehabilitar, mientras que, por el otro, se busca reprimir a consumidores. La mano dura en la persecución y aplicación de la ley debe ser para el crimen organizado y no para los consumidores, el Estado debe tratarlos con compasión y asistencia sanitaria. No nos equivocamos, hay barrios y poblaciones en Chile donde los carteles han tomado el control y ahí no podemos dar el brazo a torcer. Pero eso no significa que debemos continuar gastando millonarios recursos para perseguir consumidores y detener a inocentes, es momento de iniciar un uso eficiente de las políticas públicas y los recursos, estableciendo claras diferencias entre la necesidad de abordar el crimen y la salud de maneras distintas.

 

Chile tiene la oportunidad de mostrar liderazgo y compromiso con este debate y problemática. Es necesario encontrar nuevos caminos y estrategias que centren el diálogo sobre todo en el bienestar y la paz de las personas. Lo que está en juego no es cerrarse a un solo camino, sino que elaborar propuestas que generen un marco libre de tabúes para que podamos avanzar en la discusión de nuevas alternativas y escenarios.

 

Es necesario que nuestro parlamento inicie un diálogo nacional e inclusivo donde todas las posturas debatan frente a frente, la reducción de los daños asociados al consumo, la regulación, la correcta clasificación y diferenciación de las drogas y otras alternativas que sean basadas en la evidencia y que concluyan en modificaciones efectivas, eficientes y más humanas.

 

De esta manera nos sumaremos a la inquietud de otros países de nuestra región como Colombia, Uruguay, México y Guatemala que buscan con urgencia dar pasos de alta importancia y que tienen relación directa con la búsqueda de políticas eficientes que logren reducir el crimen, la violencia asociada, la muerte y el sufrimiento causado tanto con la guerra contra las drogas como el abuso desinformado de algunas sustancias. Una postura compasiva, honesta y pragmática, de interés nacional y latinoamericano, es clave para el éxito de este debate.

 

Damos estos pasos por la importancia que requiere una reflexión nacional respecto a estos temas y prevenir que nuestra población sufra el flagelo y el miedo con que millones de nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos viven día a día. Es así que junto al senador Fulvio Rossi estamos preparando un proyecto de ley que busca abrir un debate con alturas de miras y basado en el análisis y resultados de las políticas actuales a nivel global, para plantear nuevas estrategias basadas en el pragmatismo, la ciencia y los derechos de las personas.

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